La Paz, 02 de julio de 2023 (Unicom - Minedu).- El ministro de Educación, Edgar Pary Chambi, dio a conocer que las Comisiones Multiplisciplinarias de los departamentos de Santa Cruz y Tarija coinciden en recomendar a los padres y madres de familia supervisar los contenidos televisivos, redes sociales y videojuegos a los que acceden sus hijas e hijos.

"En lo que concierne a los programas televisivos, videojuegos y redes sociales, ambas comisiones de Santa Cruz y Tarija han coincidido en que los padres y madres de familia deben controlar a sus hijos. Incluso, en Santa Cruz han dicho que van a prohibir los videojuegos para evitar actos de violencia en nuestras escuelas", informó Pary, durante una conferencia de prensa brindada en la ciudad de La Paz.

La autoridad informó que el trabajo de las Comisiones Multidisciplinarias continuará y adelantó que el martes será la reunión de las instituciones y actores de la comunidad educativa de La Paz.

En esa línea, la autoridad reveló que desde 2014, más de 800 maestros y administrativos de unidades educativas fueron observados por casos de violencia y acoso sexual, de los que alrededor de 100 están fuera del Sistema Educativo Plurinacional, donde ya no podrán desempeñar funciones educativas ni administrativas.

"Nosotros tenemos un sistema donde están registrados más de 800 casos a partir del 2014, de esa cantidad unos 100 están identificados en el sistema para que no puedan volver a ejercer sus funciones en unidades educativas", detalló el ministro, cuando los periodistas le consultaron sobre las medidas coercitivas establecidas para servidores públicos del Sistema Educativo.

En esa línea, Pary mencionó que las acciones están establecidas en los Decretos Supremos 1302 y 1320, normas que "tienen por objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo".

El Artículo 2° del Decreto Supremo 1302 señala que "las y los Directores Departamentales de Educación y el Ministerio de Educación tienen la obligación de denunciar y coadyuvar en la acción penal correspondiente hasta su conclusión, ante el Ministerio Público de su Jurisdicción o autoridad competente, en contra de directores, docentes o administrativos del Sistema Educativo Plurinacional, que hubiesen sido sindicados de la comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y/o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes.

En tanto que, el Decreto Supremo 1320 - en su artículo único modifica el parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo 1302 - señala que: "El director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal  correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor".