El Estado realiza mediante un programa orientado a hijas e hijos de personas privadas de libertad, que viven en los recintos penitenciarios o que visitan a sus progenitores, experimentando situaciones de alta vulnerabilidad social. Se trata de una población infantil y adolescente afectada en su estabilidad emocional, su seguridad, y sobre todo en su derecho a la educación; obligada a sobrellevar una vida familiar sesgada, fuera de su hogar y en situaciones de riesgo, y que además es objeto de un injusto estigma social.
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